Unos medios te dirán que esta historia empezó con la sentencia del Estatut. Otros te dirán que los catalanes se volvieron locos o que son unos insolidarios. No soy nacionalista, ni catalán ni español, soy independentista o mejor dicho referendista. Creo que el pueblo catalán tiene derecho a decidir como se gobierna y que la solución es que se gobierne, mediante la independencia o mediante un estado confederal. Quizá por eso te sorprenda mi versión, ajena a los vendedores de relatos, sobre cuando empezó todo esto.
Corría diciembre del 1978 cuando se aprobó la Constitución, que tuvo el mérito de evitar un baño de sangre. La transición fue un triunfo de la política y consiguió pasar de un sistema al otro a cambio de algunos sacrificios como el de restaurar y garantizar la monarquía y otras instituciones. Para ello era fundamental crear una Constitución que fuera difícil de reformar. Y ahí está la clave, pues como cualquier estudiante de derecho sabe, las leyes que no se reforman, mueren al perder eficacia.
Y la Constitución
no ha dejado de perder eficacia desde el primer día. A modo de
ejemplo, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, y desde el
principio los partidos han sancionado con multas y expulsiones a los
diputados díscolos, que se oponían a la ejecutiva, incumpliendo el mandato constitucional. Los
partidos llamados constitucionalistas no lo son con toda la
Constitución sino con aquello que les interesa, saltándose la norma
fundamental cuando les da la gana.
Otro fallo grave del sistema
fue el de no garantizar la independencia del poder judicial,
permitiendo que solo las ejecutivas de dos partidos acabaran
decidiendo por whatsapp la composición del Consejo General del Poder
Judicial. Al parecer hemos olvidado que los representantes del pueblo
soberano son los diputados, y no las ejecutivas de los partidos, que
por cierto durante años, ni siquiera tenían organizaciones
democráticas tal y como exige la Carta magna. Mediante la dependencia del poder judicial de los partidos, la capacidad para hacer cumplir la Constitución recae en las ejecutivas de los partidos, cuyos intereses se circunscriben a seguir en el poder.
Los sistemas
políticos si no se reforman se corrompen hasta que el pueblo o un
dictador se cansa y cambia el sistema. Por desgracia la transición
no permitió hacer borrón y cuenta nueva con la corrupción del
régimen franquista y se trasladó a la recién nacida democracia
socavándola como la carcoma desde el primer día. La falta de
independencia del poder judicial y la corrupción han llevado a
España a una crisis sistémica inevitable al no tener capacidad de
reforma constitucional. La ley mordaza, las
cláusulas suelo, los cambios de jueces en la Gurtel y otras tramas,
el resurgir de la ultraderecha son indicadores muy claros de la
crisis sistémica.
El problema catalán es un problema territorial recurrente que antes o después tenía que reaparecer. Es un problema que solo se puede resolver de dos maneras, o con violencia o con democracia. Si en España hubiera una democracia sana el problema habría tenido solución pacífica. Por desgracia el sistema está en crisis, y el problema catalán está sirviendo de acelerante para un final violento a la crisis constitucional. Para variar.

No hay comentarios:
Publicar un comentario